La ONU da 90 días a España para decir qué hará con las víctimas del franquismo
El grupo de trabajo contra las desapariciones forzadas presenta un demoledor informe tras su visita
Pide al Gobierno que asuma su "obligación", tome medidas y dé dinero para abrir las fosas
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Botas deLfusilado Perfecto de Dios. Su hermano acaba de recuperar los restos gracias a un sindicato noruego que financió la exhumación. / ÓSCAR RODRÍGUEZ
El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas de Naciones Unidas ha presentado un demoledor informe tras su visita a España el pasado septiembre, que concluye con una larga lista de recomendaciones para el Gobierno y la petición de que en un plazo de 90 días "presente un cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo" para implementar sus peticiones y asistir a las víctimas del franquismo.
El informe recuerda que España está "obligada" por el derecho internacional y la Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (que ratificó en 2010) a "asumir su responsabilidad" y elaborar "una política de Estado comprensiva, coherente y permanente" que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura saber qué pasó con sus seres queridos y recuperar sus restos. "Dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas", dice el informe.
El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas ha enviado al Gobierno hasta 42 recomendaciones y manifiesta su disposición a "continuar el diálogo constructivo con el Estado español" al tiempo que ofrece su "asistencia" para que España cumpla con la declaración contra las desapariciones forzadas que ha ratificado. En conversación con EL PAÍS desde Texas, el autor del informe, Ariel Dulitzky, aseguró que la más importante y “urgente” de todas las recomendaciones es que “el Estado asuma su responsabilidad y elabore una política integral para dar verdad y justicia a las víctimas”. Preguntado por qué ocurrirá si el Gobierno español se excusa en la crisis económica para rechazar sus recomendaciones, Dulitzky responde: “Esto no es una cuestión económica, sino de voluntad política. Si se niega, seguiremos insistiendo, pero de momento tenemos esperanzas”.
Estas son las peticiones a España del grupo de trabajo de naciones unidas sobre desapariciones forzadas:
El informe recuerda que España está "obligada" por el derecho internacional y la Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (que ratificó en 2010) a "asumir su responsabilidad" y elaborar "una política de Estado comprensiva, coherente y permanente" que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura saber qué pasó con sus seres queridos y recuperar sus restos. "Dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas", dice el informe.
El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas ha enviado al Gobierno hasta 42 recomendaciones y manifiesta su disposición a "continuar el diálogo constructivo con el Estado español" al tiempo que ofrece su "asistencia" para que España cumpla con la declaración contra las desapariciones forzadas que ha ratificado. En conversación con EL PAÍS desde Texas, el autor del informe, Ariel Dulitzky, aseguró que la más importante y “urgente” de todas las recomendaciones es que “el Estado asuma su responsabilidad y elabore una política integral para dar verdad y justicia a las víctimas”. Preguntado por qué ocurrirá si el Gobierno español se excusa en la crisis económica para rechazar sus recomendaciones, Dulitzky responde: “Esto no es una cuestión económica, sino de voluntad política. Si se niega, seguiremos insistiendo, pero de momento tenemos esperanzas”.
Estas son las peticiones a España del grupo de trabajo de naciones unidas sobre desapariciones forzadas:
1. Desaparecidos. Un plan nacional de búsqueda. Como norma general, la ONU recomienda a España que proporcione "mayor apoyo institucional y financiero" a las asociaciones y familiares de las víctimas del franquismo y que cree una "entidad estatal dotada de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros" que se encargue de "todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento una base de datos central sobre desapariciones". Naciones Unidas pide al Gobierno que elabore un "plan nacional de búsqueda" de estas personas y que lo ponga en marcha "a la mayor brevedad posible". El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho, hasta la fecha, todo lo contrario, ya que ha eliminado todas las partidas previstas en la ley de memoria histórica (derogada de facto) para ayudar a los familiares a localizar a las víctimas.
2. Jueces en las fosas. La ONU pide a España que asegure que "los responsables de la administración y procuración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos". Los familiares de víctimas del franquismo siempre denuncian ante el juzgado correspondiente la apertura de las fosas, es decir, el hallazgo de restos humanos con signos evidentes de muerte violenta (cráneos agujereados por el tiro de gracia, casquillos, balas...), pero los juzgados casi nunca contestan.
3. Justicia. Investigaciones "de oficio". Naciones Unidas recomienda "investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas". Para ello, reclama "eliminar todos los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones judiciales", como la ley de amnistía de 1977, el principal argumento esgrimido hasta ahora para no llevarlas a cabo. El único juez que abrió una investigación sobre los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón, fue procesado por ello, acusado de prevaricación, y finalmente absuelto.La ONU propone a España "actualizar, depurar y poner a disposición del público" la base de datos que el magistrado elaboró desde su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, durante la frustrada investigación.
4. Símbolos. El Valle de los Caídos. La ONU pide a España que proporcione "los fondos adecuados" para que la ley de memoria histórica "pueda aplicarse" y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo. En este sentido, el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas solicita al Gobierno que "vele por el respeto a la disposición de la ley que dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura" . Y reclama, especialmente, la "implementación" de las recomendaciones de la comisión de expertos nombrada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que proponía retirar del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco y convertir el lugar en un museo de la memoria similar al que acoge en la actualidad la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA).
5. Niños robados. Banco de ADN. La ONU propone a España "fortalecer los esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación" y garantizar un banco nacional de ADN que integre "muestras genéticas de todos los casos denunciados".
6. Comisión de la verdad. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU propone a España que considere "la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura".
7. Justicia universal. Colaborar con Argentina. Naciones Unidas pide que las reformas legislativas relativas a jurisdicción universal no afecten a la investigación de casos de desaparición forzada y solicita a España, además, que colabore con los Estados que, en aplicación de ese principio, abran investigaciones sobre este tipo de delitos, como ha hecho la justicia argentina con los crímenes del franquismo.
Estas recomendaciones no son vinculantes. El Gobierno no está obligado a cumplirlas, pero sí ha de contestar a Naciones Unidas, explicarle qué va a hacer y qué no y motivar su decisión.
2. Jueces en las fosas. La ONU pide a España que asegure que "los responsables de la administración y procuración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos". Los familiares de víctimas del franquismo siempre denuncian ante el juzgado correspondiente la apertura de las fosas, es decir, el hallazgo de restos humanos con signos evidentes de muerte violenta (cráneos agujereados por el tiro de gracia, casquillos, balas...), pero los juzgados casi nunca contestan.
3. Justicia. Investigaciones "de oficio". Naciones Unidas recomienda "investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas". Para ello, reclama "eliminar todos los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones judiciales", como la ley de amnistía de 1977, el principal argumento esgrimido hasta ahora para no llevarlas a cabo. El único juez que abrió una investigación sobre los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón, fue procesado por ello, acusado de prevaricación, y finalmente absuelto.La ONU propone a España "actualizar, depurar y poner a disposición del público" la base de datos que el magistrado elaboró desde su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, durante la frustrada investigación.
4. Símbolos. El Valle de los Caídos. La ONU pide a España que proporcione "los fondos adecuados" para que la ley de memoria histórica "pueda aplicarse" y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo. En este sentido, el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas solicita al Gobierno que "vele por el respeto a la disposición de la ley que dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura" . Y reclama, especialmente, la "implementación" de las recomendaciones de la comisión de expertos nombrada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que proponía retirar del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco y convertir el lugar en un museo de la memoria similar al que acoge en la actualidad la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA).
5. Niños robados. Banco de ADN. La ONU propone a España "fortalecer los esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación" y garantizar un banco nacional de ADN que integre "muestras genéticas de todos los casos denunciados".
6. Comisión de la verdad. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU propone a España que considere "la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura".
7. Justicia universal. Colaborar con Argentina. Naciones Unidas pide que las reformas legislativas relativas a jurisdicción universal no afecten a la investigación de casos de desaparición forzada y solicita a España, además, que colabore con los Estados que, en aplicación de ese principio, abran investigaciones sobre este tipo de delitos, como ha hecho la justicia argentina con los crímenes del franquismo.
Estas recomendaciones no son vinculantes. El Gobierno no está obligado a cumplirlas, pero sí ha de contestar a Naciones Unidas, explicarle qué va a hacer y qué no y motivar su decisión.
ARTÍCULO DE EL PAÍS
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