Guantánamo es "la base naval más antigua de todas las de EE UU en el extranjero, y la única en un país comunista", como dice su página web oficial. EE UU se estableció allí en 1898, tras la guerra con España, y en 1903 firmó el acuerdo que consagró a perpetuidad su presencia, salvo por decisión conjunta de La Habana y Washington. Pero Guantánamo es hoy más que eso: es uno de los puntos fuertes de fricción entre EE UU y la mayor parte de la comunidad internacional. Más aún: Gitmo -la abreviatura en la que ha quedado su larga y complicada pronunciación- es también un factor de choque entre el poder judicial y el ejecutivo en Washington y un motivo de enfrentamiento en el Congreso.
En plena polémica tras la información de Newsweek sobre presuntas profanaciones del Corán en Guantánamo y la presión de varios congresistas a favor de desmantelar las instalaciones, Cheney descartó el cierre y dijo que los prisioneros reciben "bastante mejor trato" que el que tendrían bajo cualquier otro Gobierno y que la información que se ha obtenido de ellos ha sido y es muy útil. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, dijo que no estaba al tanto de ningún debate sobre el futuro de la prisión, pero George W. Bush introdujo un matiz: "Estamos explorando todas las alternativas sobre cómo llevar mejor a cabo el objetivo fundamental, que es proteger a EE UU".
"Yo creo que la Administración se ha colocado en un callejón sin salida. Me da la impresión de que especialmente el vicepresidente se ha propuesto no ceder ante la presión que existe y casi ha hecho una cuestión de principio", dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, que cree que "el proyecto Guantánamo no es viable. Como dirían las instituciones financieras, no es sustentable. Es cuestión de tiempo: no van a dar su brazo a torcer en los próximos días, semanas o meses, pero este proyecto no es sustentable".
"El debate no es el del cierre", dice Michael O'Hanlon, de la Brookings Institution. "No necesitamos cerrar Guantánamo. Los problemas que plantea esa cárcel pueden surgir en cualquier lugar, así que no estoy muy seguro de que ganemos nada con el cierre". En otro sentido, Rumsfeld coincide: "El auténtico problema no es Guantánamo. El problema es que, en buena medida, nos movemos en un territorio inexplorado en esta lucha compleja y no convencional contra el extremismo".
Si el asunto no es el cierre, ¿qué hay que hacer? "Mejorar la transparencia del proceso independiente de revisión en curso, incluso aunque se haga en el seno del Departamento de Defensa, para que se le garantice a la gente un juicio justo incluso en tiempos de guerra". En otras palabras, añade O'Hanlon, "hacer el máximo esfuerzo para evitar detenciones de inocentes y asegurar que todos los detenidos son tratados correctamente. Y hacerlo de la forma más visible y transparente posible".
Como tantos otros debates en EE UU después del 11-S, el de Guantánamo -en realidad, el debate sobre qué hacer con los nuevos enemigos- ha estado dormido durante una larga temporada. El choque emocional de los atentados, las guerras de Afganistán e Irak y el perfil de George W. Bush como presidente de guerra galvanizaron a la opinión pública y difuminaron la oposición demócrata y el papel de los medios. El Gobierno definió a los terroristas de Al Qaeda como "combatientes enemigos ilegales" (por tanto, razonó, no necesariamente sujetos a lo que estipula la Convención de Ginebra sobre los prisioneros de guerra). Para completar, se agrupó a estos "combatientes ilegales" en la prisión de la base de Guantánamo, que antes había alojado a refugiados cubanos y haitianos. Como la soberanía de Guantánamo reside en última instancia en Cuba, el Gobierno creyó haber encontrado una solución: los detenidos no están en territorio norteamericano, con lo que en ningún caso disfrutan de los derechos constitucionales que tendrían en EE UU. A partir de 2002, el Pentágono trasladó a tres centros de detención de la base a cientos de prisioneros desde Afganistán y otros lugares.
Tribunal Supremo
Pero el Tribunal Supremo echó por tierra el argumento hace un año, en el fallo del caso Rasul versus Bush: los presos de Guantánamo, dijo el organismo, que funciona como un tribunal constitucional, deben tener acceso a los tribunales estadounidenses, porque EE UU controla la base. El 9 de noviembre, el juez James Robertson dio un paso más: si se quiere definir a los detenidos como "combatientes enemigos", hay que poner en pie tribunales para que decidan sobre su situación; "el Gobierno ha abusado de su autoridad al declararles enemigos y negarles la posibilidad de acceder a las pruebas que debería haber contra ellos". La situación actual es de compás de espera de la revisión judicial de los procedimientos.
"Guantánamo nace del subterfugio de afirmar que no es territorio norteamericano, pero la intención es retener a los presos indefinida y arbitrariamente, sin responder a ninguna autoridad interna ni internacional y al margen del control judicial", sintetiza Vivanco, para el que, una vez desautorizada judicialmente la teoría de la excepcionalidad, "el tema no tiene misterios: si se trata de combatientes de una fuerza regular que lucha contra EE UU o cualquier Estado, cae en lo previsto en las Convenciones de Ginebra para conflictos armados y prisioneros de guerra. Y si se trata de miembros de Al Qaeda, la propia Ginebra dice que en caso de duda, un tribunal independiente debe decidir con la mayor celeridad la condición jurídica de esas personas". En otras palabras, "si cometieron crímenes de guerra o pertenecieron a células terroristas responsables de hechos atroces, hay que procesarlos: acumular las pruebas, garantizarles un juicio justo y llevarlos a un tribunal. Si sólo se les puede atribuir haber pertenecido a una fuerza irregular armada, sin pruebas de participación en un crimen de guerra, Ginebra establece que deben ser puestos en libertad tan pronto como cesen las hostilidades. Y las hostilidades han cesado en Afganistán".
Desde el 11 de enero de 2002 y según datos del Departamento de Defensa, 234 prisioneros han sido puestos en libertad y 520 -pertenecientes a más de 40 países- siguen encerrados. El coste de las instalaciones construidas supera los 100 millones de dólares y el presupuesto anual de funcionamiento oscila entre 90 y 95 millones. Y a pesar de las decisiones judiciales y de la polémica, el pasado 16 de junio el Pentágono anunció que una empresa perteneciente al conglomerado Halliburton construirá un nuevo centro para reclusos de 30 millones de dólares.
Sitio lógico
Stuart Taylor, un experto constitucional que conoce muy bien el Tribunal Supremo, dice sí a Guantánamo, pero con garantías. "Yo no creo que tenga mucho sentido cerrar la cárcel de la base, porque algunos de los prisioneros son aparentemente terroristas y potenciales asesinos que no deberían ser puestos en libertad, aunque será difícil probar su culpabilidad. Si tienen que estar encarcelados en alguna parte, Guantánamo es un sitio lógico". Por otra parte, continúa, "creo que hay que dar a los presos mayores garantías procesales, incluyendo abogados, para evitar que se clasifique erróneamente como 'combatientes enemigos' a gente que podrían ser civiles inocentes. Y pienso también que el Gobierno tiene que vigilar mucho más para que los presos sean tratados humanamente, tiene que demostrárselo al mundo y tiene que dar respuestas mucho más creíbles a las frecuentes acusaciones de trato inhumano".
"La cuestión no es si están bien o mal, aunque sea muy importante; estoy seguro de que, en líneas generales, están bien tratados. La cuestión es por qué están ahí, de qué se les acusa", dice un observador europeo en Washington, que evoca la resolución del Europarlamento en la que se dice que Guantánamo supone "un profundo desacuerdo" con EE UU que "genera tensiones en las relaciones transatlánticas". "Es algo que alimenta el antiamericanismo y complica la vida a los atlantistas europeos. La cuestión no es si esta gente debe estar en la cárcel o no; me parece obvio que sí deben estar. Yo no dudo de que hayan hecho barbaridades, pero la cuestión es que les acusen, les juzguen y les condenen, y que tengan un mínimo de derechos. Si se les considera soldados, ya hay esos derechos; si se considera que no, que se creen otras normas". El mismo observador cree que se podría aceptar el reto lanzado el lunes por Bush e ir a Guantánamo: "Puede ir un grupo de eurodiputados, alguien del equipo de Javier Solana, un representante de la Comisión... ¿por qué no aceptar el guante?".
Taylor dice que hay dos clases de combatientes enemigos: "Los ilegales y los prisioneros de guerra. Ambos están protegidos por Ginebra y por la Convención contra la Tortura, pero algunos de los detenidos en Guantánamo son especiales, y ahí el Gobierno tiene razón; por otra parte, puede haber civiles encarcelados por error". Por eso, añade, "he criticado el arrogante rechazo del Gobierno de reconocer esta posibilidad o, hasta la decisión del Supremo, de proporcionar asistencia a estos detenidos".
Sólo parte de los estadounidenses están preocupados por el debate. El Centro Pew dice que la mitad de la población ha oído hablar de malos tratos a prisioneros, y que dos tercios creen que se trata de incidentes aislados. Es la posición que refleja el senador republicano Jon Kyl: "Es importante lo que el resto del mundo piense de EE UU, pero es aún más importante que nos defendamos". Los detenidos "no están en un limbo legal; las leyes internacionales permiten a cualquier país detener a los combatientes enemigos mientras dura el conflicto, para que no maten a más y para obtener información útil". Para Kyl, las críticas sobre el Corán en Guantánamo "deben haber hecho que Osama Bin Laden se parta de la risa; nadie se ha preocupado mucho por los malos tratos de musulmanes a manos de otros musulmanes, como pasa cada día en Irak (...), y los presos en Guantánamo están bien tratados si se comparan con los occidentales capturados por terroristas en Irak, que suelen acabar decapitados".
Vivanco es relativamente optimista: "Las autoridades judiciales de EE UU no pueden permitir que los detenidos, en Guantánamo o donde sea, estén al arbitrio del poder ejecutivo y del poder militar, porque es un símbolo brutal del ejercicio del poder absoluto, el poder sin límites". Es cuestión de tiempo, dice, "porque, felizmente, aquí rige el Estado de derecho". Hay, además, una razón de eficacia: "Si se quiere tener autoridad moral para pedir cuentas -y es algo que yo aplaudo- a Rusia, a Egipto, a Siria o a Corea, no se puede socavar esa autoridad". El problema, añade, es que "por orgullo y porque están a la defensiva, tratan de retrasar todo". Otra poderosa razón para aplazar las reglas de juego claras para los detenidos "es que saben que será difícil que los casos pasen la prueba de los tribunales militares, y qué mejor ejemplo de lo que es una detención arbitraria que una corte militar no encuentre nada. Esos tribunales serán los principales aliados del respeto a los principios de Ginebra: sabemos -porque hemos hablado con ellos- que lo que más les importa a los militares americanos es que se erosione el principio del respeto a los prisioneros de guerra, porque ellos son la carne de cañón de mañana".
Un precio caro
Taylor entiende que el actual sistema tiene la ventaja de que "puede salvar vidas, al neutralizar a potenciales terroristas y obtener información útil que evite futuros atentados". Pero "es evidente que el sistema ha costado muy caro a EE UU: daña nuestra exigencia de que se cumplan los derechos humanos y nuestra imagen, y puede facilitar el reclutamiento de yihadistas para operaciones suicidas". Habría, concluye Taylor, "un montón de antiamericanismo xenófobo e hipócrita en Europa y en el mundo árabe incluso aunque el trato a los sospechosos de terrorismo hubiera sido impecable, pero es que, además, ha estado muy lejos de ser impecable. Y las comunicaciones modernas magnifican el impacto de ciertas cosas, incluso cuando sólo afectan a un pequeño porcentaje de presos y aunque los malos tratos no se puedan ni comparar con los que cometieron, en guerras anteriores, los que ahora critican a Estados Unidos".
Un debate estrangulado
EL MALTRATO A LOS PRESOS en Guantánamo, especialmente durante los dos primeros años, ha sido reflejado por la Cruz Roja Internacional, pero también por el FBI a partir de declaraciones de ex presos. El pasado jueves, expertos de la ONU dijeron que Washington no había respondido a su solicitud de ir a la base, y que tenían en su poder relatos de detenidos que aseguran haber sido sometidos a torturas. En varias ocasiones las autoridades estadounidenses han dicho que los militantes de Al Qaeda que quedan en libertad tienen esa consigna. Tras la publicación en Newsweek -luego rectificada- de que se había tirado un Corán por el retrete en Guantánamo, Defensa investigó y admitió varios casos -voluntarios e involuntarios- de trato incorrecto del libro sagrado musulmán y de humillaciones diversas a los presos. Poco después, Amnistía Internacional (AI) dijo que Guantánamo es "el gulag de nuestro tiempo".
Michael O'Hanlon, de la Brookings Institution y que fue miembro activo de AI, cree que es "un comentario equivocado, que enciende los ánimos contra EE UU y sus amigos y aliados, y perjudica a Amnistía y a sus objetivos en todo el mundo". José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, coincide en que "la analogía no es feliz" porque "en el gulag murieron deliberadamente cientos de miles de personas".
Pavel Litvinov, un disidente que sufrió la represión en la antigua URSS y recibió la ayuda de AI, escribió en The Washington Post que un responsable de Amnistía le pidió que apoyara la declaración. "¿No crees que hay una diferencia enorme entre el gulag y Guantánamo?", le dijo el ex disidente a su amigo. "Claro, pero es una manera de llamar la atención". Litvinov cree que hay que exigir a EE UU "un comportamiento acorde con la Constitución, la ley y las tradiciones" que impida "detener indefinidamente a gente sin darles garantías", pero que las palabras son importantes: "Al usar el término gulag se permite al Gobierno de Bush desestimar críticas justificadas y se socava la autoridad de Amnistía, una organización que vale demasiado como para que esté secuestrada por líderes políticamente sectarios".
Varios congresistas demócratas y algunos republicanos no necesitaron la semana pasada que nadie les llamara la atención. La situación "es causa de embarazo internacional para nuestro país y nuestros ideales", según el demócrata Patrick Lehay; Bush "no tiene credibilidad", según Joseph Biden; "en muchas partes del mundo no nos ven como la nación de Jefferson, Hamilton y Madison, sino como un país que aprisiona a gente sin juicio y les degrada y tortura", dijo Ted Kennedy; para el republicano Mel Martínez, igual que para John McCain, "Bush debe considerar el cierre de Guantánamo"; según su compañero Chuck Hagel, "EE UU está perdiendo la batalla de la imagen en el mundo".
Pero un exceso complicó el debate: el demócrata Richard Durbin dijo que si no fuera porque se trataba de un informe del FBI sobre Guantánamo, "podría uno creer que era algo hecho por los nazis, los soviéticos en sus gulags o regímenes enloquecidos como el de Pol Pot". La que se armó en días posteriores fue espectacular: "Un ataque premeditado y monstruoso contra los militares", dijo el tejano Tom DeLay, líder republicano en la Cámara. "Creo que es una vergüenza decir que hay hombres y mujeres en el Ejército que actúan así", aseguró Richard Daley, alcalde demócrata de Chicago y amigo de Durbin, que intentó una especie de disculpa inicial "por el malentendido". Pero la tormenta siguió y empeoró debido a la televisión por cable, la radio e Internet, con comentarios como éste, extraído de un blog: "Nueve millones de personas, incluidos seis millones de judíos, murieron en los campos de la muerte de Hitler; 2,7 millones murieron en los gulags de Stalin y 1,7 millones de camboyanos murieron cuando Pol Pot arrasó el país. Nadie ha muerto en Guantánamo. Que te jodan, Dick Durbin. A lo mejor tu familia debería acabar en un campo de concentración terrorista para que no hicieras esas comparaciones. ¿Por qué no te pudres en el infierno, hijo de puta?".
El pasado martes, Durbin, casi con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, pidió perdón en el Senado. Aparte del chaparrón, el senador quizá tuvo acceso al sondeo de la firma Rasmussen en el que se dice que sólo el 20% de los norteamericanos cree que los presos de Guantánamo han sido tratados injustamente. Para el 36% reciben un trato "mejor del que merecen", y para el 34%, el trato es "correcto". Un 14% está de acuerdo con lo que dijo Durbin, y un 69%, en contra.
