Este artículo intenta explicar por qué todavía hoy Mariano Rajoy y el Partido Popular tienen muchas posibilidades de continuar gobernando España. El artículo analiza las alternativas que tanto en 2015 como ahora en 2016 existirían para evitar que ello ocurriera, señalando que es el aparato del PSOE, así como las figuras históricas de este partido, los que son responsables de que Mariano Rajoy siga teniendo esas posibilidades.
Vicenç Navarro
Autor del libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015
Es vergonzoso que una persona que ha mostrado semejante tolerancia con la corrupción en su propio partido, con tan escasa sensibilidad democrática (utilizando los aparatos del Estado para destruir a sus adversarios políticos, a algunos de los cuales considera en la práctica como sus enemigos), responsable de la imposición de las políticas públicas más reaccionarias y represivas que la población en España haya sufrido desde que tiene democracia, y que han deteriorado enormemente la calidad de vida y bienestar de la población, pueda llegar a continuar gobernando este país como presidente del gobierno español, dirigiendo uno de los partidos políticos más corruptos de Europa. ¿Cómo puede ser esto?
La respuesta a esta pregunta incluye diversas dimensiones, y muchas de ellas se remontan a la manera en cómo se hizo (la mal llamada modélica) transición de la dictadura a la democracia, que perpetuó el enorme dominio que las fuerzas conservadoras que controlaban el Estado dictatorial continuaran teniendo en el periodo democrático, tanto sobre el Estado como sobre la gran mayoría de los medios de información y persuasión. Ni que decir tiene que hubo cambios significativos e importantes, sobre todo en la década de los ochenta durante el gobierno del PSOE, que introdujo lo poco que España tiene de Estado del Bienestar. Pero estos cambios, aunque importantes, no han alterado el dominio de aquellas fuerzas conservadoras, como lo muestran tres indicadores, entre otros muchos. Uno de ellos es que el gasto público social por habitante (gasto que cubre las transferencias públicas, como las pensiones, y los servicios públicos, como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda social, las escuelas de infancia –mal llamadas guarderías en España-, los servicios domiciliarios a las personas con dependencia y la prevención de la exclusión social, entre otros) es de los más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). Dicho gasto es mucho más bajo (hay 60.000 millones de déficit en el gasto público) de lo que España debería gastarse en su Estado del Bienestar por su nivel de riqueza económica (véase mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006).
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