Tras la manifestación
La elevada participación en la manifestación contra el proyecto de Ley de Educación (LOE) refleja la fuerte división social que suscita cualquier iniciativa legislativa sobre la enseñanza cuando roza, o se interpreta que roza, los intereses o privilegios de la Iglesia.
También confirma la fuerte capacidad de movilización de las organizaciones católicas, que han invocado sobre todo la libertad de elección de centro por los padres y la libertad ideológica de los colegios, pese a que ni una ni otra se ven afectadas por la ley.
La LOE no introduce cambios significativos respecto a tales cuestiones. Todos los centros, públicos o concertados, se financian con presupuestos públicos. La Administración se limita a garantizar que esos fondos no se empleen por los centros de manera discriminatoria, por ejemplo en el proceso de selección de los alumnos. La Religión seguirá teniendo la consideración de asignatura optativa, aunque todos los centros estarán obligados a impartirla. Lo que sí cambia respecto a la ley del PP es que no será evaluable a efectos curriculares, lo cual es lógico tratándose de una materia impartida con criterios doctrinales. Los obispos han presionado siempre para que los alumnos que decidan no cursarla tengan que seguir otra asignatura evaluable, para evitar la deserción de las clases de religión por comodidad. Pero aceptar eso supondría reconocer a la Iglesia el derecho a regular la enseñanza de quienes decidan no cursar religión, lo que resulta difícil de aceptar en un Estado no confesional. La discusión sobre este asunto envenenó el debate sobre la Ley de Calidad del PP y fue uno de los motivos que impidieron consensuarla.
Algunos portavoces del PP se han quejado estos días de que el Gobierno estaba centrando la discusión sobre la asignatura de religión, cuando los motivos esenciales de divergencia son otros: la reducción de los contenidos comunes a todas las autonomías y los criterios pedagógicos, menos exigentes que los propuestos por la LCE en materia de repeticiones e itinerarios alternativos para quienes no demuestren aptitud suficiente. Lo cierto es que ese partido se ha sumado a una iniciativa esencialmente sostenida por organizaciones católicas y en torno a reivindicaciones invocadas desde hace años por la jerarquía eclesiástica.
Con todo, que exista un debate público sobre la educación es positivo, porque se trata de uno de los problemas más graves de la sociedad española actual. Así lo confirman estudios comparativos, como el demoledor Informe Pisa de diciembre de 2004, que sitúa a España a la cola de Europa, y el reciente de la Comisión Europea sobre fracaso escolar. La primera reacción de los políticos ante ese fracaso no ha sido buscarle solución, sino culpables: en el partido rival.
La educación es un tema tradicionalmente conflictivo entre la derecha y la izquierda. Pero que en este periodo democrático haya habido ya seis leyes con sus planes respectivos, ninguna de ellas consensuada, resulta desmesurado. Debería ser posible jerarquizar las divergencias y, por una vez, buscar un acuerdo sobre los asuntos sustanciales. Para ello, naturalmente, se necesitan varias condiciones. La primera es que el principal partido de la oposición renuncie a utilizar la reforma de la educación como artillería de calibre en su batalla para desgastar al Gobierno. Una esperanza ilusoria, vista la actual estrategia del PP en los grandes temas de Estado. Por otra parte, también resulta imprescindible que el Ejecutivo busque, más allá de los intereses de la Iglesia que el PP ha enarbolado de forma demagógica, puntos de acuerdo en una ley fundamental para el futuro del país. Editorial en el País de 13-11-05
El vicepresidente de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa, Luis Guridi, declaró ayer "no estar a favor" de la manifestación convocada en Madrid contra el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), ya que "los profesores de enseñanza han sido obligados a acudir a la concentración en contra de sus principios". Guridi denunció que la jerarquía eclesiástica había "pasado lista" a los docentes de enseñanza religiosa, advirtiéndoles de lo que "les podía pasar si no acudían a la manifestación". En su opinión, esta actitud va "contra la dignidad" de los profesionales de la enseñanza, "que no tienen por qué beneficiar a un partido político u otro". Asimismo, reveló que a muchos compañeros de profesión se "les castiga o se les premia según de la formación política que sean". Sobre la presencia de la jerarquía eclesiástica en la manifestación, Guridi dijo: "Lo que tenían que haber hecho desde hace mucho tiempo es defender la justicia". "Ante todo estamos en un Estado aconfesional", agregó.
El vicepresidente de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa considera "necesaria" una ley que modifique la anterior. "Por desgracia para nosotros, el PSOE ha presentado una nueva reforma en la cual todos estamos descontentos por la asignatura y por la situación del trabajador", aseguró. "Al profesional de la enseñanza religiosa se le exige todo pero no tiene ningún derecho", criticó Guridi, que explicó cómo un obispo "le había colgado el teléfono" cuando le preguntó la razón por la que "había expulsado a un educador". "Vivimos en una situación de esquizofrenia brutal y precaria", concluyó. El País. 13-11-05
"Desde hace más de un año, España es en el Vaticano 'el problema número uno' entre los países occidentales", escribe esta semana Ecclesia, la revista señera de la Conferencia Episcopal. Se sabía. El 22 de enero pasado, Juan Pablo II, enfermo ya de muerte, sorprendió a un grupo de obispos españoles, de visita oficial en Roma, con una pregunta que delataba la preocupación del anciano pontífice y sus colaboradores. "¿Y Zapatero qué hace?", requirió. Cuatro días más tarde, ante el cardenal Rouco, el Papa proclamó en solemne discurso que el Gobierno socialista "ignora y cercena" la libertad religiosa de los españoles, y atacó incluso la paralización del Plan Hidrológico Nacional, promovido por el último Gobierno del PP, por "olvidar", dijo el Papa, "el deber de compartir el uso del agua" y por azuzar "la confrontación social".
El nuncio (embajador) de la Santa Sede en Madrid, el arzobispo portugués Manuel Monteiro, fue convocado al día siguiente al Ministerio de Exteriores, donde un subsecretario le expresó el malestar del Gobierno por la injerencia del Estado vaticano en asuntos internos españoles. Aquel mismo día -26 de enero-, por la tarde, el presidente Rodríguez Zapatero, de viaje en Buenos Aires, remachaba serenamente la réplica. "España vive hoy el momento de mayor libertad religiosa de su historia", dijo.
En Roma no han cambiado de opinión, desde entonces. Todo lo contrario. La legalización de las uniones entre personas del mismo sexo con el nombre de "matrimonio", un asunto intocable para el Vaticano, elevó el nivel de las execraciones. Ni las catacumbas de Nerón o la persecución de Diocleciano, ni la Revolución francesa, ni la pérdida de los Estados Pontificios, ni el martirio de decenas de miles de cristianos por causa de su fe en el siglo pasado, sin ir más lejos... Según los obispos, la reciente legalización del matrimonio gay en España es "el momento más excepcional de la Iglesia católica en sus 2.000 años de historia". "Estamos en una situación única en la historia de la humanidad. La Iglesia nunca se encontró con nada parecido", remachó el 16 de junio pasado el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, reputado teólogo y ex director de la Comisión para la Doctrina de la Fe en Madrid. Su superior en Roma durante décadas, el cardenal Joseph Ratzinger, hoy papa Benedicto XVI, había alzado antes su voz, como responsable de la poderosa congregación heredera del Santo Oficio de la Inquisición. "Es una ley que destruye elementos básicos de un sistema de derecho", dijo el 19 de noviembre de 2004.
El papa Ratzinger dibujó hace un mes ante el Sínodo de Obispos un panorama apocalíptico de la sociedad occidental, "una viña devastada por jabalíes", dijo. España está a la cabeza, según el Vaticano. "Media docena de cardenales de la Curia lo han hecho notar vigorosamente, tanto en Roma como en visitas a España, por lo que no se puede afirmar que la situación es de 'normalidad democrática", escribe esta semana Ecclesia (http://www.revistaecclesia.com).
El nuncio (embajador) de la Santa Sede en Madrid, el arzobispo portugués Manuel Monteiro, fue convocado al día siguiente al Ministerio de Exteriores, donde un subsecretario le expresó el malestar del Gobierno por la injerencia del Estado vaticano en asuntos internos españoles. Aquel mismo día -26 de enero-, por la tarde, el presidente Rodríguez Zapatero, de viaje en Buenos Aires, remachaba serenamente la réplica. "España vive hoy el momento de mayor libertad religiosa de su historia", dijo.
En Roma no han cambiado de opinión, desde entonces. Todo lo contrario. La legalización de las uniones entre personas del mismo sexo con el nombre de "matrimonio", un asunto intocable para el Vaticano, elevó el nivel de las execraciones. Ni las catacumbas de Nerón o la persecución de Diocleciano, ni la Revolución francesa, ni la pérdida de los Estados Pontificios, ni el martirio de decenas de miles de cristianos por causa de su fe en el siglo pasado, sin ir más lejos... Según los obispos, la reciente legalización del matrimonio gay en España es "el momento más excepcional de la Iglesia católica en sus 2.000 años de historia". "Estamos en una situación única en la historia de la humanidad. La Iglesia nunca se encontró con nada parecido", remachó el 16 de junio pasado el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, reputado teólogo y ex director de la Comisión para la Doctrina de la Fe en Madrid. Su superior en Roma durante décadas, el cardenal Joseph Ratzinger, hoy papa Benedicto XVI, había alzado antes su voz, como responsable de la poderosa congregación heredera del Santo Oficio de la Inquisición. "Es una ley que destruye elementos básicos de un sistema de derecho", dijo el 19 de noviembre de 2004.
El papa Ratzinger dibujó hace un mes ante el Sínodo de Obispos un panorama apocalíptico de la sociedad occidental, "una viña devastada por jabalíes", dijo. España está a la cabeza, según el Vaticano. "Media docena de cardenales de la Curia lo han hecho notar vigorosamente, tanto en Roma como en visitas a España, por lo que no se puede afirmar que la situación es de 'normalidad democrática", escribe esta semana Ecclesia (http://www.revistaecclesia.com).
La ofensiva episcopal contra el Gobierno viene de lejos, desde el mismo día de la victoria del PSOE, en marzo de 2004. Las reformas aprobadas más tarde habían sido anunciadas por el candidato Rodríguez Zapatero, de forma que cuando éste era ya presidente, el cardenal Rouco, líder entonces de los obispos, compareció en el hotel Ritz de Madrid para repudiar los cambios previstos, uno por uno, con la promesa, por cierto, de no "movilizar" a la Iglesia contra ellos.
El cardenal repasó el catálogo de los conflictos (derecho a la libertad de enseñanza, asignatura de religión, acceso a los medios de comunicación públicos, renovación del acuerdo de 1987 sobre financiación de la Iglesia católica por el Estado y las consabidas subversiones del sexo y la moral que, según los prelados, traía bajo el brazo el nuevo Gobierno, como el llamado divorcio exprés, las uniones gays o la investigación con embriones con fines terapéuticos...). El prelado sentenció que, pese a haber hablado por teléfono con el presidente "durante cierto tiempo y en un contexto de amabilidad clara", su conclusión era muy pesimista. Creyente y todo, Rouco veía más próxima y cierta "la pascua de la resurrección de nuestro señor Jesucristo" [la Semana Santa estaba al caer aquel 26 de marzo del 2004], que el que el líder del PSOE declinara sus intenciones reformistas.
"Nos persiguen", escribió la semana pasada el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, que ayer se manifestó en Madrid. La idea de que España vive una situación de "misión", e incluso "martirial", la reiteran con frecuencia los prelados, como si aún persistiera entre los españoles, según ellos, la idea cainita de Las dos ciudades. El título de la pastoral que lanzó el 30 de julio de 1936 el obispo de Salamanca y futuro cardenal primado de Toledo, Enrique Pla y Deniel.
Algunos prelados piensan que España retorna a aquellos precipicios. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Antonio Cañizares, primado de Toledo, dice incluso que está en peligro "la unidad de la nación", o que el proyecto de Estatuto catalán, en trámite en las Cortes, "es una puerta abierta al incesto, la poligamia y la poliandria".
Al margen de opiniones, conviene recordar que estas disputas, por severas que parezcan, no son novedad. La legalización del divorcio durante los Gobiernos de Adolfo Suárez (1977-1982), o la despenalización del aborto y la aprobación de varias leyes educativas por los Ejecutivos de Felipe González (1982-1996), provocaron trifulcas parecidas entre el poder político y los eclesiásticos. Incluso el Gobierno de José María Aznar (1996-2004) se vio obligado a llamar a capítulo al nuncio del Papa para protestarle con severidad una pastoral de los obispos vascos contra la Ley de Partidos. Juan G. Bedoya en el País de 13-11-05
El cardenal repasó el catálogo de los conflictos (derecho a la libertad de enseñanza, asignatura de religión, acceso a los medios de comunicación públicos, renovación del acuerdo de 1987 sobre financiación de la Iglesia católica por el Estado y las consabidas subversiones del sexo y la moral que, según los prelados, traía bajo el brazo el nuevo Gobierno, como el llamado divorcio exprés, las uniones gays o la investigación con embriones con fines terapéuticos...). El prelado sentenció que, pese a haber hablado por teléfono con el presidente "durante cierto tiempo y en un contexto de amabilidad clara", su conclusión era muy pesimista. Creyente y todo, Rouco veía más próxima y cierta "la pascua de la resurrección de nuestro señor Jesucristo" [la Semana Santa estaba al caer aquel 26 de marzo del 2004], que el que el líder del PSOE declinara sus intenciones reformistas.
"Nos persiguen", escribió la semana pasada el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, que ayer se manifestó en Madrid. La idea de que España vive una situación de "misión", e incluso "martirial", la reiteran con frecuencia los prelados, como si aún persistiera entre los españoles, según ellos, la idea cainita de Las dos ciudades. El título de la pastoral que lanzó el 30 de julio de 1936 el obispo de Salamanca y futuro cardenal primado de Toledo, Enrique Pla y Deniel.
Algunos prelados piensan que España retorna a aquellos precipicios. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Antonio Cañizares, primado de Toledo, dice incluso que está en peligro "la unidad de la nación", o que el proyecto de Estatuto catalán, en trámite en las Cortes, "es una puerta abierta al incesto, la poligamia y la poliandria".
Al margen de opiniones, conviene recordar que estas disputas, por severas que parezcan, no son novedad. La legalización del divorcio durante los Gobiernos de Adolfo Suárez (1977-1982), o la despenalización del aborto y la aprobación de varias leyes educativas por los Ejecutivos de Felipe González (1982-1996), provocaron trifulcas parecidas entre el poder político y los eclesiásticos. Incluso el Gobierno de José María Aznar (1996-2004) se vio obligado a llamar a capítulo al nuncio del Papa para protestarle con severidad una pastoral de los obispos vascos contra la Ley de Partidos. Juan G. Bedoya en el País de 13-11-05
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