Amenaza a la Europa social

Vicenç Navarro
El País. España, julio del 2005

En la última reunión del Consejo Europeo, así como en su presentación al Parlamento Europeo, el primer ministro británico, Tony Blair, acentuó su deseo de utilizar la presidencia británica de tal Consejo para recuperar el espíritu de Lisboa que planteó como objetivo hacer la Unión Europea más competitiva y eficiente económicamente que los EE UU.

Éste es también el sentido de su llamada a la modernización de la Unión Europea, sugiriendo que ésta adopte aquellos componentes del modelo estadounidense (llamado frecuentemente modelo liberal anglosajón) que se consideran responsables de su mayor eficiencia económica, tales como una mayor desregulación de los mercados, incluyendo los laborales, y un descenso de la protección social (las pensiones públicas en EE UU y en la Gran Bretaña son las más bajas de los países desarrollados de la OCDE). Un artículo reciente en el Financial Times (23-04-05) definía las pensiones públicas en la Gran Bretaña como "mezquinas", mean en inglés).

El punto débil de esta comparación de eficiencia económica entre los EE UU y la UE es que los datos no apoyan la superioridad del modelo liberal estadounidense sobre el modelo social europeo. Aquellos que sostienen las tesis de superioridad señalan que las tasas de crecimiento económico de Estados Unidos durante el periodo 1980-2000 (dividido en cuatro subperiodos de cinco años cada uno: 1980-1985, 1985-1990, 1990-1995 y 1995-2000), han sido superiores (3,4%, 3,2%, 2,4% y 3,3%, respectivamente) a las de la Unión Europea de 15 miembros (2,3%, 3,2%, 1,5% y 2,3%). Este argumento olvida, sin embargo, que la tasa de crecimiento económico, sin más, no es un buen indicador de eficiencia económica, pues tal crecimiento puede deberse más a su crecimiento demográfico (como es el caso de EE UU) que a su eficiencia económica. Así, cuando analizamos el crecimiento económico por habitante (el mejor indicador para medir la eficiencia económica) podemos ver que éste es desde 1980 muy semejante en ambos lados del Atlántico y mucho mayor en la UE que en EE UU antes de aquel año. Es más, si comparamos la eficiencia económica de EE UU con la de los países miembros de la UE podemos ver que muchos de estos últimos tienen una eficiencia económica mayor que los EE UU. En realidad, algunos de los países más eficientes y de mayor competitividad (según el Fórum liberal Davos) hoy en la OCDE son países como Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, que tipifican el modelo social por antonomasia, con mercados de trabajo más regulados y con gastos públicos mucho mayores que los de EE UU. En realidad, si EE UU estuviera sometido a las reglas a las cuales está sometida la UE (tal como permitírsele tener un déficit de gasto público de sólo un 3% de su PIB, en lugar del 4,8% que hoy tiene; o que su Banco Central -Federal Reserve Board- hubiera mantenido durante los últimos diez años unos intereses bancarios más altos, semejantes a los que ha mantenido el Banco Central Europeo; o si su Gobierno federal hubiera tenido un presupuesto que significara solo un 1,24% del PIB en lugar del actual 19%) la tasa de crecimiento de la economía estadounidense hubiera sido mucho más lenta y el desempleo mucho más elevado que el actual.

El hecho de que la UE, a pesar de estar sometida a aquellas condiciones, tenga una tasa de crecimiento económico por habitante semejante al modelo liberal estadounidense muestra su mayor eficiencia económica. Ahora bien, su clara superioridad sobre el modelo liberal anglosajón durante el periodo anterior a 1980 se ha ido reduciendo desde entonces debido al establecimiento de las condiciones anteriores (equilibrio presupuestario, excesivo control de la inflación y gran austeridad presupuestaria) que se han ido estableciendo como parte del marco institucional de la Unión Europea. Es este marco institucional (iniciado en el Tratado de Maastricht y reproducido en el Consenso de Bruselas) el responsable del enlentecimiento de la eficiencia económica de la UE y de su elevado desempleo.

La percepción, ampliamente entendida, de que la Constitución europea solidificaba este marco institucional europeo explica el rechazo a tal Constitución por parte de grandes sectores de las clases populares, y muy en particular de las clases trabajadoras de muchos países miembros de la UE, pues éstas perciben que las políticas derivadas de este marco institucional europeo afectan negativamente su bienestar. Las políticas monetaristas, complementadas con políticas liberales que enfatizan como las soluciones al elevado desempleo en Europa la desregulación de los mercados, incluyendo los laborales, así como la reducción del gasto público, representan una clara amenaza al mundo del trabajo europeo en una situación que, como señalaba un editorial reciente de The Economist (12-2-05), "las clases financieras y empresariales europeas están absorbiendo un excesivo porcentaje de las rentas nacionales a costa de los trabajadores". Estas y otras medidas, como la Directiva Bolkenstein, están debilitando a los últimos, carentes de un marco europeo de negociación colectiva necesaria para proteger sus intereses.

Por otra parte, consideraciones estratégicas por parte de los establishments políticos y mediáticos europeos (tales como la incorporación de los Balcanes a la UE para conseguir una mayor estabilidad en el Este de Europa o facilitar la integración de Turquía como un puente con el mundo islámico) han predominado sobre consideraciones de la vida cotidiana del mundo del trabajo que se siente, con razón, cada vez más inseguro, debido a un alto desempleo y a una disminución de la protección social. De ahí que la distancia entre los establishments políticos y mediáticos europeos y las clases populares está incrementándose enormemente, siendo los partidos socialdemócratas los más afectados por este distanciamiento, pues sus bases electorales se sienten abandonadas por sus élites dirigentes, que han adquirido (en muchos de ellos) el posicionamiento socioliberal, responsable del empobrecimiento del modelo social europeo.

Lo que se requiere es un cambio muy sustancial en la construcción de Europa, con una recuperación del modelo social (con el establecimiento de derechos sociales como condición de pertenencia a la UE); el desarrollo de un marco europeo de negociación colectiva; el desarrollo de políticas expansivas (con un mayor presupuesto europeo), y el establecimiento del estímulo de crecimiento económico como objetivo del Banco Central Europeo (con mayor rendición de cuentas al Parlamento Europeo) y mayor coordinación económica, con armonización de las políticas fiscales (que debiera incluir un impuesto europeo sobre las empresas); medidas todas ellas en dirección opuesta a las sugeridas por el socioliberalismo de Blair. Puede parecer paradójico, pero para salvar a Europa se requiere más Europa, lo cual no quiere decir un aumento en el número de sus miembros, sino una mayor expansión y profundización de su dimensión política y social.