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El País lunes 21 de febrero de 2005 S. Hernández Madrid
La resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia que deniega la autorización para seguir operando al Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) de los bancos, cajas y cooperativas de crédito ha disparado las alarmas en el sector financiero. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha señalado que, si al final desaparece, “afectará a la gestión de los riesgos del sistema financiero español, que se ha caracterizado hasta ahora por su solvencia”. -->Mirar la crecida de la morosidadß

También la patronal de los bancos, AEB, ha respondido en esta línea y ha añadido” sería paradójico que a las entidades financieras se les restrinja la posibilidad de manejar datos sobre solvencia cuando, a la vez, se les exige que estén atentas a la capacidad de pago de los clientes”.

El C entro de Cooperación Internacional (CCI), la asociación de bancos, cajas y cooperativas que gestiona actualmente el RAI y que cuenta con 232 entidades asociadas, ha recibido el auto del tribunal con indignación y ha recurrido automáticamente a la Audiencia Nacional.

Por ser un servicio acordado entre competidores, el RAI necesita una autorización por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia. La primera autorización la recibe en 1993, aunque el RAI funciona desde el año 1991. El primer permiso se prorroga en 1998 y de nuevo en 2002, aunque en esta última ocasión, sólo por seis meses. Al final de esta última prorroga, el tribunal exige al CCI que debe modificar el funcionamiento del RAI para una nueva autorización.

El tribunal le pone cuatro requisitos. El primero, retirar del registro a los tres meses a los titulares que hayan pagado su deuda. El segundo, limitar la divulgación de datos de los acreedores al sector al que pertenece el tercero, garantizar a los acreedores el derecho a decidir si el banco o caja puede actuar al incluir los datos en el registro. Estas tres condiciones han sido aceptadas por el CCI.

Sin embargo, el tribunal le exigía un cuarto requisito al que los bancos y cajas se han negado. Este requisito es fundamental, según el tribunal, y consiste en dar acceso a su contenido a los acreedores (empresas, aunque también hay particulares), así como a las firmas que miden la solvencia de l as empresas.

El tribunal considera que no tiene sentido que sea el banco el que gestione de forma exclusiva esta información sobre morosos y que los propios acreedores no puedan acceder a ella. sin embargo, para el CCI abrir este archivo supondría el incumplimiento de los fines para los que se creó y haría “inviable el funcionamiento de l a empresa según está actualmente financiada”.

En el Registro General de la Agencia de Protección de Datos hay inscritos más de 3.600 ficheros de “solvencia patrimonial y crédito”. Respecto a los ficheros comunes importantes de solvencia y crédito están el de Asnef, el RAI, el BADEX, que es multisectorial, y el Fichero de Incidencias Negativas, también multisectorial y que se nutre de los datos de los propios acreedores.

En España existen 135 registros sectoriales de morosos supeditados a la autorización del Tribunal de Defensa de l a Competencia. Los más importantes son el RAI y Equifax, que gestiona el registro de Asnef( las financieras de consumo). También el Banco de España tiene el Sirve, que es multisectorial y que puede ser consultado por las entidades que están bajo supervisión de l a autoridad monetaria. Equifax Ibérica se constituye en 1994 con la participación de Equifax Inc, multinacional estadounidense, y Asnef (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito), entidad que sirve a las entidades de crédito desde el año 1967.

El fichero de Asnef se creó hace más de 40 años y contiene información de operaciones impagadas, tanto de personas físicas como jurídicas, aportada por el propio acreedor.

Hospital de Leganés

Trabajadores piden Defensor Pueblo intervenga y hable con ellos

La Junta de Personal del hospital Severo Ochoa de Leganés ha pedido al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que intervenga en la situación creada en el centro tras los últimos acontecimientos en el servicio de Urgencias y que les 'reciba lo antes posible', explicó a EFE su presidenta y representante de los trabajadores, Isabel Serrano.

Según señaló Serrano, 'lo que queremos es que Múgica intervenga y nos ayude a conseguir el dossier completo de las investigaciones, de modo que conozcamos todos los extremos de lo acaecido en los últimos días sobre el servicio de urgencias del hospital'.

La representante de los trabajadores detalló a EFE que 'sólo hemos recibido un dossier reducido sin las conclusiones finales realizadas por los expertos y creemos que es distinto al que ha sido puesto en manos de la Fiscalía'.

Asimismo, la Junta de Personal del Severo Ochoa reclamó de nuevo al consejero de Sanidad madrileño, Manuel Lamela, la información completa sobre la investigación, 'con todos los datos, y no la versión cortita que hemos recibido, al igual que la Comisión Técnica Asistencial', insistió Serrano.

Informó también de que la Junta de Personal del Severo Ochoa ha cursado a otros hospitales de Madrid de todas las áreas sanitarias peticiones para que les remitan los protocolos que utilizan los jefes de servicio en su trabajo de cuidados paliativos, con el fin de contrastar las distintas órdenes que recibe cada equipo al respecto.

Mientras tanto se prepara en Leganés una manifestación para el próximo 1 de abril, a las 19.00 horas, apoyada por las asociaciones de vecinos, los sindicatos, los partidos PSOE e IU y los trabajadores del hospital para pedir la dimisión del consejero Lamela y la restitución en el cargo del ex jefe de urgencias Luis Montes.

Serrano afirmó asimismo que el hospital 'sigue atendiendo en las mismas condiciones de la máxima calidad posible a todos los que acuden al servicio de urgencias' del Severo Ochoa.

El consejero, por su parte, ya ha anunciado su intención de comparecer ante el parlamento regional el próximo día 7 de abril para dar 'todas las explicaciones precisas' acerca de lo sucedido en el Severo Ochoa.

La crisis del hospital surgió a raíz de varias denuncias sobre sedación a pacientes terminales en las urgencias del Severo Ochoa y la confirmación por parte de los inspectores que investigaron los hechos de 'irregularidades administrativas' así como la detección de 25 casos en los que hubo sedación excesiva.

El resultado del análisis de estos 25 casos, en los que los pacientes fueron tratados con sedaciones 'excesivas', 'no adecuadas' o 'no indicadas', según el informe de la comisión formada al efecto por médicos del Severo Ochoa y por tres expertos propuestos por la Comisión Superior de Sanidad, fueron trasladados para su estudio a la Fiscalía.

El informe concluyó, por otra parte, que del análisis realizado a los pacientes que fallecieron tras administrarles sedación pautada no se puede 'obtener evidencia suficiente, pertinente y válida, tanto para poder afirmar como descartar la existencia de mala praxis en los facultativos'.