Recuparar la democracia

Vicenç Navarro:

Hoy en día estamos viendo movilizaciones populares en muchas partes del mundo –desde los países árabes a Wisconsin (EEUU), pasando por la mayoría de países de la Unión Europea– que exigen cambios de las políticas llevadas a cabo por gobiernos y por estados que se perciben insensibles a los deseos de la mayoría de la población. En estas manifestaciones –a pesar de la elevada diversidad de situaciones– hay un elemento común: la protesta frente a una enorme concentración de poder económico y político que obstaculiza la expresión democrática. Y un ejemplo de ello es España.

Estamos viendo en España la puesta en marcha, por parte del Estado (tanto central como autonómico), de recortes muy sustanciales del gasto público, incluyendo el gasto público social que financia las transferencias públicas –como las pensiones– y los servicios públicos del Estado del bienestar tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios a las personas con dependencias, escuelas de infancia, servicios sociales y otros.

Estos recortes están afectando de una manera muy marcada a la calidad y cobertura de tales servicios empeorando la situación existente, que ya era insuficiente antes de que se iniciara la crisis. España en 2008 estaba a la cola de la Unión Europea de los 15 (UE-15, el grupo de países de semejante desarrollo a España) en gasto público social. Nos gastábamos en el Estado del bienestar sólo el 19% del PIB (el más bajo de la UE-15, cuyo promedio era del 24%, mientras que el de Suecia era del 28%). Una consecuencia de ello es que sólo el 9% de la población adulta trabajaba en los servicios públicos del Estado del bienestar (el promedio de la UE-15 era del 15%, y en Suecia, del 24%). Los recortes que están ocurriendo ahora están disminuyendo todavía más tal empleo.

La estructura de poder (que se basa en el 20-30% de la población, la de mayor renta) no parece consciente de este enorme retraso y subfinanciación, pues utiliza principalmente los servicios privados. Envían a sus hijos a la escuela privada (que recibe los subsidios más altos existentes en la UE-15, llamado concierto) y cuando caen enfermos van a la sanidad privada. Esta estructura de poder (que tiene enorme influencia política y mediática en España) promueve el mensaje de que no hay otra alternativa a tales políticas de recortes. Argumentan que hay que recortar el gasto público para reducir el déficit del Estado y la deuda pública, a fin de calmar los mercados financieros y que así estos nos presten dinero a intereses razonables.

Esta explicación, que a base de repetirse miles de veces se ha convertido en un dogma, es profundamente errónea y se promueve porque sirve a los intereses de esta estructura de poder, que utiliza la presión de los mercados financieros como excusa para llevar a cabo lo que ha deseado hacer desde siempre. Los datos muestran claramente que no es cierto que en España no existan recursos para financiar un Estado del bienestar de primera clase. España no es pobre. El PIB per cápita es ya el 94% del promedio de la UE-15, pero el gasto público social por habitante es sólo el 74% del promedio del gasto público social promedio de la UE-15. Si nos gastáramos lo que nos pertenece por el nivel de desarrollo económico que tenemos, es decir el 94%, nos gastaríamos 80.000 millones de euros más, con los cuales se podrían cubrir las enormes insuficiencias. España, pues, tiene los recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. En lugar de ello, el Estado ha estado pidiendo préstamos a la banca extranjera, endeudándose y financiando escasamente su Estado del bienestar. España, como Grecia y Portugal, tiene unos ingresos al Estado muy bajos y un fraude fiscal muy elevado. Como admitió sorprendentemente un dirigente del Deutsche Bank, uno de los banqueros más importantes de Alemania, “ha existido durante los años de boom una alianza entre las clases más pudientes de los países de la periferia de la UE, que no pagaron impuestos al Estado, y la banca, que se ha beneficiado de la baja carga impositiva al prestar dinero al Estado para financiar su dimensión social”.

Y ahí está la raíz del problema. La estructura de poder no está contribuyendo al Estado lo que debiera por su nivel de riqueza. El trabajador de la manufactura en España paga el 74% de los impuestos del trabajador de la manufactura sueca. El empresario, sólo un 38%. Y empeorando la situación, el Estado ha reducido más y más los impuestos, lo que ha beneficiado sobre todo a las rentas superiores. Los propios inspectores de Hacienda han indicado que podrían recogerse más de 38.000 millones de euros, centrándose en estos sectores, sin afectar a la carga impositiva de la mayoría de la población. El déficit del Estado podría reducirse a base de aumentar los impuestos de estos sectores en lugar de empobrecer todavía más al Estado del bienestar.

En realidad, durante la crisis la gran mayoría de las empresas del Ibex-35 han continuado teniendo grandes beneficios, siendo la banca española una de las que tienen más beneficios en Europa. El Banco Santander ha conseguido 35.000 millones de euros de beneficios netos (es el banco que ha conseguido más beneficios en el mundo, después de dos bancos chinos).

Estos recortes de gasto público social se están haciendo a pesar de que la mayoría de la población está en contra. Es una decisión más (otra es el retraso de la edad obligatoria de la jubilación) que muestra la enorme distancia entre los gobernantes y los gobernados. De una manera creciente, los establishments políticos y mediáticos que dirigen el país están imponiendo medidas en contra del parecer de la ciudadanía. De ahí que las poblaciones, en su indignación –que ocurrirá si se le provee de información que cuestione el dogma de que no hay otra alternativa–, deben manifestarse y agitarse socialmente para recuperar la democracia en España.

Público, 07/04/11

http://blogs.publico.es/dominiopublico/3240/recuperar-la-democracia/

La laicidad, objeto de la democracia en España

GREGORIO PECES-BARBA
10/04/2011

En el siglo XXI es un signo de la cultura política y jurídica pulsar, sobre todo desde partidos de izquierdas o de centro izquierda, el proceso de secularización, cuya última meta es la laicidad, entendida como una situación pacífica y generalmente aceptada por la sociedad.

La exigencia deriva de las líneas que van identificando y señalando las perspectivas de desarrollo de la modernidad y que arrancan de la ruptura de la unidad religiosa con la aparición en el siglo XVI de los protestantismos, con la secularización de la política desde Maquiavelo y de la moral desde Pufendorf y Tomasio en el siglo XVII. En la misma línea se desmonta por Hugo Grocio el Derecho Natural clásico, subordinado a la teología, al afirmar que existiría aunque Dios no existiera y que lo descubrimos por la razón aplicada a la naturaleza humana. Todos son caminos que nos conducen a un mundo moderno secularizado donde Dios todavía no es puesto en cuestión pero que queda como el relojero que ha construido el aparato del mundo, que funciona por sí mismo.

Solo la Iglesia católica se mantiene en la línea de la tradición que arranca de las concepciones aristotélico-tomistas del mundo y de la vida. El sólido mecanismo ético de la salvación que necesita de los dos pilares inseparables de la gracia que se produce por el sacrificio de Cristo en la Cruz y de la libertad, que necesita de las obras humanas, sigue siendo el suyo, pero es un dualismo que quiebra a partir del tránsito a la modernidad.

Las éticas modernas serán las del protestantismo y las del humanismo laico. Las primeras son éticas solo de la gracia y la segunda solo de la libertad. Por un capricho de la historia, ambas, tan alejadas teóricamente, coincidirán en la práctica en la fase del trabajo mundanal y en el fondo secularizado. Los protestantes se salvan porque están predestinados y los humanistas laicos prescinden progresivamente de la divinidad. Así ambos se proyectarán en la sociedad y en la realización de proyectos seculares y buscarán para ello una ética secularizadora, en la que podrán coincidir, sin necesidad del apoyo ni de Dios ni de las Iglesias. La ética individual, la que conduce a cada uno a la virtud, al bien, a la felicidad o a la salvación, sea religiosa o laica, queda al margen de la construcción social y de los fines de la política y del Derecho, puede tener una extensión social pero no es elemento relevante para la formación de los mecanismos de decisión que orientarán el desarrollo de las sociedades modernas.

Con esta perspectiva, las ideas de participación, de consentimiento, de derechos humanos, de Constitución y de Democracia, se situarán en las perspectivas de la secularización y de la laicidad e irán formando una ética propia que ya no es la privada, sino la ética de las instituciones de los procedimientos, de los valores, de los principios y de los derechos, la ética de los ciudadanos como tales, que bebe de esas tradiciones morales, protestantes y del humanismo laico, que arrastran tradiciones libertinas, ilustradas, positivistas, científicas, darwinistas y republicanas. La escuela y las instituciones públicas son el ámbito donde se desarrolla, desde el respeto a la libertad de conciencia, la supremacía de la razón. La III República francesa fue ámbito donde esa ideología se fraguó y cristalizó, con autores como Gambetta, Ferry, Barthou, Waldeck- Rousseau, entre otros.

Ese espíritu laico, es hoy el de Europa coexistiendo con una Iglesia católica que vuelve por sus fueros y por su prepotencia desde Juan Pablo II hasta el Papa actual.

España ha sido una de las grandes perjudicadas del clericalismo, y lo ha sufrido en sus carnes antes del franquismo, durante el franquismo y con la democracia, cuando todavía hay demasiada contemporización con los peores usos clericales. Hay muchos aspectos pendientes y el gobierno de Rodríguez Zapatero consiente demasiado pensando que es una buena fórmula ¡Craso error!. En cuanto se les presenta la ocasión, como en estas elecciones autonómicas, dicen que no se puede votar a partidos que apoyan el divorcio, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Todavía hay tiempo y pido al PSOE y a su Gobierno que se decidan a tomar medidas que se sitúen claramente en la línea debida. Al menos dos medidas, derogación de los acuerdos con la Santa Sede y supresión de la enseñanza reglada de la religión deben ser tomadas. ¡Todavía se puede hacer!

No podemos ser tan ingenuos como para pensar que la inacción por nuestra parte va a ser respondida con la neutralidad y el juego limpio. Eso solo ocurrió con Juan XXIII y con Pablo VI. Después las cosas volvieron a su cauce tradicional y la deslealtad a las autoridades civiles volvió a ser la regla. Son partidarios de todo lo que representa Doña Esperanza y no se puede esperar nada. Cuanto más se les consiente y se les soporta, peor responden. Solo entienden del palo y de la separación de los campos. Un Estado libre y una Iglesia libre, cada uno en su ámbito y sin que puedan tener ningún ámbito exento, ni ningún privilegio. Pactar con ellos desde la buena fe es estar seguro de que se aprovecharán todo lo que puedan.

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